Los activistas que se oponen a los planes de ampliación de Wimbledon afirman estar "preparados para la siguiente fase de la lucha" a pesar de que el All England Club ha dado un paso importante para llevar a cabo las obras.

En 2018, el Wimbledon Park Golf Club votó a favor de vender sus terrenos al All England Lawn Tennis Club (AELTC), que anunció su intención de utilizar los 73 acres de terreno para ampliar la sede del Grand Slam sobre hierba.

Los planes del AELTC consisten en construir un nuevo Parkland Show Court con capacidad para 8.000 espectadores, así como añadir 38 pistas de hierba más para que las eliminatorias de Wimbledon puedan celebrarse in situ y la asistencia de aficionados pueda aumentar hasta 50.000 al día.

Sin embargo, un número considerable de residentes locales y activistas ecologistas se han opuesto a las obras desde que se dieron a conocer. Entre los motivos se encuentran varios problemas medioambientales y un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Merton y el AELTC en 1993, por el que se comprometían a mantener la zona como espacio abierto. Una petición contra los planes fue firmada por más de 8.500 personas, mientras que la Wimbledon Society solicitó formalmente su objeción a la propuesta.

Sin embargo, el lunes 17 de octubre se supo que los funcionarios de urbanismo habían recomendado al comité de urbanismo del Consejo de Merton que concediera el permiso para continuar con los planes de expansión. Los concejales de los ayuntamientos de Merton y Wandsworth, que representan a las zonas locales afectadas por las obras, votarán la propuesta el jueves 26 de octubre.

A pesar de este primer paso, aunque importante, para el All England Club, los activistas han declarado que seguirán oponiéndose a la construcción.

"Estamos decepcionados pero no sorprendidos por el informe. Creemos que a la larga prevalecerá el sentido común, porque todas las objeciones que hemos planteado en los últimos dos años y medio son válidas", declaró Iain Simpson, presidente de Save Wimbledon Park.

"Decir que no habrá 'efectos adversos significativos' es extraordinario cuando planean aplanar y arrasar la mayor parte de lo que en realidad es un área de 75 acres cuando es un sitio de grado uno de importancia municipal para la conservación de la naturaleza.

"Se trata únicamente de una evaluación urbanística y será necesario un permiso independiente para resolver la cuestión de la propiedad y los derechos antes de que se pueda o se vaya a llevar a cabo cualquier urbanización. Esto es sólo el principio y estamos preparados para la siguiente fase de la lucha", añadió.